Amnistía Internacional ha reportado el año 2025 como el más mortífero desde 1981 en términos de ejecuciones, con al menos 2,707 casos confirmados en todo el mundo. Esto representa un alarmante aumento del 78% comparado con 2024, cuando se registraron 1,518 muertes por este concepto.
La organización destaca que, aunque 17 países llevaron a cabo ejecuciones, el alarmante incremento se concentra en algunos países de Oriente Medio y África del Norte, que en conjunto representan el 93% del total global de ejecuciones, excluyendo a China. Irán y Arabia Saudí son los principales responsables de este repunte.
Irán experimentó un aumento notable en el número de ejecuciones, que se duplicó respecto al año anterior, alcanzando al menos 2,159. Las autoridades iraníes han intensificado el uso de la pena de muerte con fines punitivos, especialmente tras conflictos recientes con Israel y Estados Unidos. Las ejecuciones por espionaje y otros cargos relacionados con la seguridad nacional se han vuelto más frecuentes, a menudo acompañadas de juicios injustos y confesiones forzadas.
Asimismo, Arabia Saudí superó sus récords anteriores al ejecutar, al menos, 356 personas, un aumento que se atribuye a una reactivación de las ejecuciones por delitos de drogas y la implementación de leyes antiterroristas que afectan desproporcionadamente a la minoría chií. Estas tendencias reflejan un enfoque punitivo extremo que ha despertado la preocupación de organismos internacionales por los derechos humanos.
El informe también señala el secretismo de países como China y Corea del Norte en el manejo de datos sobre ejecuciones, lo que complica la obtención de cifras precisas. Mientras tanto, el uso de la pena de muerte en estos países continúa siendo una herramienta para el control social y la represión política, lo que plantea serias preguntas sobre la situación de los derechos humanos en estas naciones.
Con información de huffingtonpost.es