Nuevas normativas exigen procesos automatizados y capacitación para asesores inmobiliarios, fortaleciendo la vigilancia contra el lavado de dinero en México. La entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita reforzó la supervisión en el sector inmobiliario mexicano. La normativa, vigente desde el 17 de julio, busca incrementar la trazabilidad en las transacciones y reducir la utilización del efectivo en operaciones inmobiliarias, prácticas frecuentemente aprovechadas por grupos criminales para lavar dinero. Para cumplir con los nuevos requisitos, los asesores y desarrolladores deben implementar sistemas automatizados y contar con personal certificado en cumplimiento normativo. Además, la legislación obliga a designar un responsable exclusivo de supervisar estos procesos, junto con la elaboración de manuales operativos. Las sanciones por incumplimiento pueden superar el millón de pesos por cada omisión, aumentando la responsabilidad del sector en la prevención del lavado de dinero. Especialistas en la materia advierten que, lejos de ser una carga adicional, este proceso promueve la profesionalización del gremio y facilita una mayor transparencia en las operaciones. La capacitación continua y el uso de tecnología son clave para que los agentes inmobiliarios puedan adaptarse sin afectar la dinamismo de su actividad económica, garantizando la seguridad y la legalidad en sus transacciones. En este contexto, es fundamental que los profesionales del sector adopten cambios tecnológicos y de formación, con el fin de cumplir con la ley y fortalecer la confianza de los clientes y las instituciones regulatorias.
Temas: