Especialistas advierten que cambios en la ley laboral podrían incrementar la informalidad si no se implementan medidas de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas. México enfrenta un entorno laboral desafiante, con la informalidad que actualmente abarca más de la mitad de su fuerza de trabajo. La propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas para 2027, con un periodo de transición, busca mejorar las condiciones laborales, pero también genera inquietudes sobre su impacto en las pequeñas y medianas empresas (Mipymes). La principal preocupación radica en que, sin incentivos adecuados y una estrategia clara, el aumento en los costos operativos y la carga administrativa podrían forzar a muchas Mipymes a permanecer en la informalidad o cerrar sus negocios. La estructura actual de las Mipymes, que suman alrededor de 5.5 millones en el país, solo 1.9 millones operan formalmente, lo que limita su capacidad para absorber nuevas obligaciones. El contexto económico también juega en contra: las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto apenas alcanzan 0.3 a 0.4%, insuficiente para generar nuevos empleos formales. Solo en 2025, se crearon en promedio alrededor de 54,500 empleos formales por mes, cifra insuficiente para atender la demanda laboral del país. Adicionalmente, recientes medidas fiscales, como el incremento de impuestos a unas 1,400 fracciones arancelarias, amenazan con elevar los costos de producción y presionar la inflación, afectando especialmente los sectores más vulnerables. Sin apoyos reales en deducibilidad de prestaciones laborales, actualización en las tasas de impuesto sobre la renta, y soporte en productividad, las Mipymes enfrentan un escenario de alta incertidumbre. La informalidad limita el acceso a beneficios sociales, restringe la movilidad laboral y frena la innovación. La reducción de la economía formal impide que el sector privado, responsable de más del 90% de la inversión, genere empleos sólidos y dignos. La priorid
Sábado, 9 de mayo de 2026
