La reciente reforma de pensiones en México busca ampliar beneficios, pero presenta desafíos de sostenibilidad y financiamiento estructural, advierte la OCDE. El sistema de pensiones mexicano enfrenta desafíos relacionados con su sostenibilidad financiera, especialmente tras las reformas implementadas en 2024. La incorporación de un beneficio adicional garantizado, que permite a los adultos mayores recibir hasta el 100% de su último salario, ha generado un impacto positivo en las pensiones de bajo ingreso. Sin embargo, el financiamiento de estos beneficios plantea incertidumbre, ya que muchas de las fuentes de recursos provienen de transferencias únicas y cuentas inactivas que difícilmente aseguran una estabilidad a largo plazo. Este cambio en el esquema, que desvincula las contribuciones individuales de los beneficios, representa una modificación sustancial en la estructura del sistema de pensiones en México. Además, la medida amplía la protección constitucional a los adultos mayores y garantiza una edad de jubilación de 65 años, fortaleciendo el acceso a la seguridad social. Sin embargo, aún persiste una significativa brecha de género en las pensiones, afectando principalmente a las mujeres. El análisis de la OCDE señala que, aunque la reforma ha incrementado la protección inmediata de los jubilados, la sostenibilidad futura dependerá de mecanismos de financiamiento más sólidos. La dependencia de recursos temporales y la falta de un plan de crecimiento de los fondos de pensión podrían poner en riesgo la viabilidad del sistema en el mediano y largo plazo. Incorporar una visión de inversión y una mejora en las contribuciones obligatorias podría reforzar la solidez del sistema, garantizando pensiones dignas sin comprometer las finanzas públicas.
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