Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, no enfrentarán arrestos tras comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que sus citatorios son en calidad de testigos. Esto se debe a que la legislación mexicana establece que los testigos no pueden ser detenidos durante su declaración.
La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que el procedimiento seguido por la FGR se apega a la ley. El artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los ciudadanos deben comparecer, pero también protege a los testigos al no obligarlos a declarar sobre hechos que puedan implicarles penalmente.
La detención de un testigo solo sería posible si la fiscalía decide cambiar su situación jurídica a la de "imputado", lo que requeriría una orden de aprehensión emitida por un juez. Esto implica que las investigaciones aún están en proceso, sin que se hayan presentado cargos formales en este momento.
A pesar de la garantía de no ser arrestados, tanto Rocha como Campos enfrentan situaciones complejas. Rocha Moya es señalado por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras que Campos ha sido requerida por una investigación relacionada con la entrada de agentes de la CIA en su estado para operar contra laboratorios de drogas. Ambos han expresado su intención de colaborar con las indagatorias.
Las investigaciones de la FGR también afectan a otros funcionarios de ambas entidades. En Sinaloa, se notificó a nueve servidores públicos, incluyendo al alcalde de Culiacán. En Chihuahua, 50 funcionarios estatales deberán comparecer, según el objetivo de esclarecer responsabilidades en torno a las operaciones de la CIA en México.
Con información de sipse.com