Las modificaciones incluyen aumentos en penas y medidas de reeducación para fortalecer la lucha contra la violencia sexual, tras un incidente público que evidenció la necesidad de cambios legales. El Senado de México ha aprobado una serie de reformas legales dirigidas a fortalecer la persecución y sanción de delitos de abuso sexual, en respuesta a la creciente preocupación social por la violencia de género. La nueva normativa establece que la comisión de estos delitos en público o privado, sin el consentimiento consciente de la víctima, se considera un acto criminal. Además, se amplían las penas de cárcel, que pasan de seis a diez años en su ley vigente, a un rango de tres a nueve años, dependiendo de las circunstancias agravantes. Entre los aspectos destacados, las reformas especifican que la violencia, amenazas o el uso de autoridad por parte del agresor incrementan las sanciones y obligan a los condenados a realizar trabajos de reeducación con perspectiva de género. La ley también contempla sanciones adicionales cuando estos delitos ocurren en lugares aislados o en contextos donde exista una relación de confianza o parentesco, así como en casos en los que la víctima se encuentre bajo efectos de sustancias que alteren su voluntad. A nivel institucional, la iniciativa fue promovida por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. La reforma responde a la necesidad de fortalecer la protección jurídica en un país donde los actos de violencia sexual han escalado en gravedad y frecuencia, tras un incidente en el que una mujer fue tocada sin su consentimiento en un acto público, evidenciando la urgencia de medidas más estrictas. Expertos en derechos humanos resaltan que estas reformas no solo buscan incrementar las penas, sino también promover una transformación cultural para reducir la impunidad y la normalización de estos delitos en la sociedad mexicana. La iniciativa cuenta ahora
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