La reforma a la Ley General de Salud busca proteger la salud pública al sitiar la venta y uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en todo el país. El Senado de México ratificó una reforma integral a la Ley General de Salud que prohíbe la comercialización, distribución y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos relacionados en todo el territorio nacional. La decisión, respaldada por una mayoría de 76 votos a favor, se convirtió en un paso clave para fortalecer las medidas sanitarias y reducir riesgos asociados a estas sustancias, especialmente entre los jóvenes. La modificación también amplía las facultades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), permitiéndole una vigilancia más efectiva en la regulación y control de productos potencialmente peligrosos. Además, la ley reconoce formalmente la importancia de la Salud Digital, promoviendo la telesalud y la telemedicina como recursos para ampliar la cobertura médica, particularmente en zonas rurales o con infraestructura limitada. Este avance legislativo ahora será enviando al poder ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. La prohibición formaliza un escenario en el que las autoridades buscan reducir el consumo de productos considerados nocivos y prevenir el ingreso del mercado negro de vaporizadores y cigarrillos ilícitos. Este cambio en el marco legal responde a una tendencia global que busca proteger a los grupos más vulnerables y evitar que el interés comercial ponga en riesgo la salud pública. La historia del mercado negro en México evidencia que la prohibición total puede impulsar actividades ilícitas, lo que hace imprescindible acompañar la regulación con estrategias de fiscalización y educación pública para obtener resultados efectivos. En el contexto internacional, diversos estudios advierten que los vapeadores contienen sustancias químicas dañinas y que su uso no representa una alternativa segura o de reducción de daños frente
