La Jefa de Gobierno anunció que trabaja en una reforma legal para agilizar la extinción de dominio en casos de compra de inmuebles con recursos ilícitos, incluyendo posibles acciones contra propiedades relacionadas con personajes públicos. La actualmente en curso en la Ciudad de México busca modificar las normas para facilitar la confiscación de bienes adquiridos con fondos ilegales. La iniciativa pretende acelerar procesos cuando existan evidencias claras de que propiedades fueron compradas mediante corrupción, lavado de dinero u otros delitos relacionados. La mandataria explicó que, en casos de delincuencia organizada y corrupción, las dificultades para concretar la extinción de dominio radican en la duración de los procedimientos judiciales, que pueden extenderse por años. Para remediar esto, indicó que la propuesta contempla que, al comprobarse el uso de recursos ilícitos en la adquisición de inmuebles, estos pasen automáticamente a ser gestionados por el Estado para fines sociales, como la construcción de escuelas o universidades. La responsable jurídica de la ciudad ya trabaja en los detalles de la iniciativa, aunque aún no se define una fecha para su presentación. En este contexto, fue mencionada la controversia sobre propiedades que, presuntamente, estarían relacionadas con figuras públicas, incluyendo predios vinculados con personajes de interés nacional, como el exlíder de partido de oposición, con antecedentes ligados a presuntas operaciones ilícitas. Este avance en la legislación se enmarca en una estrategia más amplia para promover la justicia y combatir la corrupción, fortaleciendo las herramientas legales para sancionar y recuperar bienes obtenidos de manera fraudulenta. La creación de mecanismos para la extinción rápida de dominio busca también servir de disuasivo ante la posibilidad de uso de recursos públicos o mal habidos en la adquisición de bienes raíces.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
