La mandataria argumenta que la medida busca reducir el consumo y mejorar la salud pública, ante advertencias de que afectaría a pequeños negocios. Durante una sesión en la Cámara de Diputados, diversos empresarios expresaron su preocupación por el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas, señalando que esta medida no resolverá los problemas de salud relacionados y podría impulsar la informalidad al causar el cierre de numerosos negocios pequeños y medianos. En respuesta, la jefa del gobierno explicó que la política busca disminuir el consumo de productos con altos contenidos de azúcar, ya que la evidencia científica respalda los daños que estos ocasionan a la salud pública. La propuesta para 2026 contempla un aumento en el impuesto para artículos como refrescos, bebidas saborizadas y cigarrillos, incluyendo un incremento en 3.0818 pesos por litro para las bebidas endulzadas, incluso aquellas con azúcares no calóricos. Además, se presentó una encuesta que muestra que aproximadamente la mitad de los entrevistados reduciría su compra de refrescos si el impuesto aumentara, evidenciando un posible cambio en hábitos de consumo. La iniciativa forma parte de las estrategias del gobierno para promover estilos de vida más saludables y reducir las enfermedades relacionadas con la alimentación.
