El gobierno busca eliminar la venta y transferencia de concesiones de agua, fortaleciendo su carácter de derecho humano y bien público nacional. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado la intención de presentar al Congreso de la Unión una serie de reformas legislativas destinadas a reorganizar el manejo del agua en México. Con la propuesta, se busca devolver al recurso hídrico su condición de patrimonio nacional, prohibiendo su tránsito entre particulares y fortaleciendo la rectoría estatal. La iniciativa contempla modificar la Ley General de Aguas y el artículo cuarto constitucional para eliminar la posibilidad de vender o traspasar concesiones, además de exigir que cambios en el uso del suelo requieran la devolución de los permisos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que emitirá nuevos títulos basados en criterios técnicos. La propuesta también incluye mayores sanciones para quienes incumplan las normativas y promueve la participación ciudadana en la gestión del recurso. Desde 1992, las modificaciones legislativas permitieron la transferencia de derechos sobre el agua, lo cual originó descontrol y uso irrregular, según informes oficiales. La propuesta actual enfatiza que el agua debe ser considerada un derecho humano y un bien público, y que el Estado debe ser el responsable exclusivo de su regulación, eliminando figuras como las concesiones privadas. Esta iniciativa también destaca la importancia de gestionar de manera sustentable los recursos hídricos, promoviendo sistemas de captación de agua pluvial y fortaleciendo la supervisión de organismos operativos. La reforma pretende responder a las problemáticas de desigualdad y conservación, garantizando el acceso equitativo y sostenido a este recurso esencial. Estos cambios forman parte de un diálogo que inició en diciembre de 2024, en el que gobiernos estatales, expertos y organizaciones sociales colaboran en el diseño de una política pública que priorice la protección del agua para
Sábado, 9 de mayo de 2026
