A pesar de un presupuesto récord, los recursos destinan la mayor parte a quienes ya tienen derechos laborales, reforzando brechas sociales en el país. El gasto público en subsidios en México alcanzará en 2026 un récord histórico de 2.8 billones de pesos, correspondiendo a un incremento del 4.4% respecto al año anterior. Aunque esta cifra refleja un esfuerzo fiscal significativo, la distribución de los recursos revela un patrón que perpetúa las desigualdades sociales existentes. De acuerdo con los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación, los beneficios continúan concentrándose en la población con seguridad social formal, beneficiando a quienes ya cuentan con derechos laborales y contributivos. La proporción de subsidios dirigido a personas aseguradas aumentó del 49% en 2017 al 55% en 2025, evidenciando un sesgo que favorece al sector formal del empleo. Programas clave como pensiones y apoyos a servicios de salud del Seguro Social y el ISSSTE concentran más de la mitad del gasto en subsidios, dejando a la población sin seguridad social con recursos insuficientes para mejorar sus condiciones. La estrategia gubernamental ha reducido en número los programas de ayuda, priorizando transferencias universales que, si bien aportan a la reducción de la pobreza, no abordan eficazmente la desigualdad estructural. Expertos advierten que estos patrones de distribución tienden a reforzar las brechas socioeconómicas y llaman a reformar las políticas de subsidios para focalizar recursos en los sectores más vulnerables.
