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Tensión en La Cámpora por financiamiento de obras en Quilmes

La disputa por financiamiento y control del presupuesto 2026 refleja las tensiones internas en la gestión del conurbano bonaerense, con foco en obras en Quilmes y divisiones políticas.

Por Redacción2 min de lectura
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La disputa entre La Cámpora y Kicillof por el presupuesto 2026 revela divisiones internas y dificultades para avanzar en proyectos clave en el conurbano bonaerense. La relación entre La Cámpora y el gobernador Axel Kicillof volvió a tensarse en una semana decisiva para la aprobación del presupuesto 2026 en la provincia de Buenos Aires. La principal fuente de conflicto radica en la ausencia de financiamiento para la obra de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que forman parte de un sistema de drenaje crucial en el sur del conurbano. Estas obras, que abarcan aproximadamente 180 kilómetros cuadrados y favorecen a más de un millón de habitantes en distritos como Quilmes, Presidente Perón y Avellaneda, han sido objeto de gestiones internas para obtener financiamiento internacional, en especial con la participación de la Agencia de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La falta de recursos en el presupuesto enviado por Kicillof generó malestar en los actores regionales y en quienes apoyan a La Cámpora. Por otro lado, el rechazo de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, a participar en actividades con funcionarios del oficialismo provincial y nacional evidenció la tensión interna en la negociación del presupuesto. La expresión de su malestar responde a un acuerdo de no involucramiento directo del sector de Kicillof en la política local, aunque la Universidad de Quilmes continúa siendo un punto de contacto estratégico. De cara a la próxima evaluación legislativa, la comisión de Presupuesto de la Legislatura buscará emitir un dictamen para definir si los proyectos avanzan tal cual fueron enviados. La oposición señala que, si bien no enfrentan obstáculos mayores, la definición del apoyo de La Cámpora será determinante para la aprobación final, que incluirá negociaciones sobre órganos de control y representación en organismos públicos. El conflicto refleja las dificultades en la gestión de fondos para obras de infraestructura en regiones con alta vulnerabilida

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