La inseguridad y altos costos frenan la producción agrícola, provocando pérdidas y migración de campesinos en medio de un contexto de crimen organizado. Una proporción significativa de tierras agrícolas en México ha sido abandonada, afectando la productividad y la economía rural. La principal causa de esta situación es la presencia del crimen organizado, que, además de incrementar los costos, ha instaurado un sistema de extorsión que impacta toda la cadena productiva. La inseguridad ha llevado a que los agricultores, en su mayoría personas mayores, abandonen sus parcelas ante la falta de incentivos y la violencia persistente, mientras que las nuevas generaciones prefieren alejarse del campo debido a bajos salarios y riesgos. El impacto de estas dinámicas se refleja en un aumento de entre 10 y 20% en el precio final de los alimentos, debido a la reducción en la oferta y los costos adicionales de seguridad. Los productores han tenido que destinar hasta una cuarta parte del valor de sus vehículos para combatir el robo y la extorsión, y en algunos casos, las aseguradoras se rehúsan a cubrir el transporte agrícola por los riesgos asociados. La crisis agrícola en el país evidencia una problemática estructural que trasciende lo meramente económico, tocando aspectos de seguridad y sostenibilidad alimentaria. Este escenario ocurre en un contexto donde la seguridad en el campo ha sido una prioridad postergada durante décadas, permitiendo que las estructuras criminales crezcan y se fortalezcan, afectando no solo a productores sino también a la cadena de suministro y consumidores. La situación obliga a replantear estrategias integrales de protección y desarrollo rural, indispensables para revertir el abandono y revitalizar la agricultura mexicana.
