La movilización busca alertar sobre el impacto de los recortes en derechos laborales y la operatividad del sistema de justicia federal. Las y los empleados del Poder Judicial de la Federación han establecido una postura firme ante los recortes presupuestales proyectados para el próximo año. Argumentan que estas reducciones presupuestarias amenazan gravemente sus derechos laborales, afectando la estabilidad de sus condiciones de trabajo, el pago de salarios y la disponibilidad de insumos básicos necesarios para sus funciones. La disminución en el financiamiento también podría traducirse en despidos masivos, sobre todo en puestos de confianza, perjudicando la experiencia y la continuidad del servicio judicial. Además, la falta de infraestructura y recursos esenciales genera un deterioro en la calidad del sistema de justicia, poniendo en riesgo el acceso efectivo a la justicia para la ciudadanía. Como respuesta, el sindicato mayoritario ha convocado a una suspensión de actividades el 31 de octubre de 2025, en un acto de protesta para exigir la protección de sus prestaciones y el cumplimiento de las garantías constitucionales. La medida refleja una creciente preocupación por la estabilidad laboral y la infraestructura de uno de los órganos fundamentales del sistema democrático mexicano, que además enfrenta el desafío de mantener sus funciones en un contexto de restricciones presupuestales severas. La defensa de estos derechos no solo busca salvaguardar las condiciones laborales, sino también garantizar un servicio de justicia eficiente, imparcial y digno.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
