La elección del nuevo titular del Instituto de Transparencia genera inquietudes sobre su independencia y funcionamiento, ante antecedentes a nivel federal que evidencian posibles retrocesos. La reciente transición en el órgano encargado de supervisar la transparencia en la Ciudad de México ha destacado por la incertidumbre en torno a su futura dirección y funcionamiento. La designación del próximo titular del Instituto de Transparencia, que será aprobada por el Congreso local, ha generado preocupación por el hecho de que el proceso proviene de una propuesta realizada por la jefa de Gobierno, lo que podría implicar un sesgo en su selección. Este escenario se da en un contexto donde la reestructuración del organismo se asocia con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), a nivel federal, y la transferencia de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, específicamente a la dependencia conocida como Transparencia para el Pueblo. Esta organización ha sido criticada por su tendencia a negar de manera sistemática recursos de revisión de ciudadanos que buscan acceder a información pública, lo que representa un posible retroceso en la protección y acceso a la información. Expertos advierten que, si esta tendencia se replica a nivel local, los ciudadanos podrían perder un órgano verdaderamente independiente que salvaguarde su derecho a la transparencia y la rendición de cuentas. La historia de la Ciudad de México en materia de transparencia ha sido ejemplar a nivel nacional, por lo que cualquier debilitamiento en su estructura podría impactar en la confianza ciudadana y en la calidad de la rendición de cuentas. Por otro lado, la actual presidenta del Instituto de Información y Protección de Datos de la Ciudad de México ha señalado que el personal especializado continúa trabajando con intensidad, preparándose para la transición y garantizando el cumplimiento de las resoluciones pendientes en materias como prote
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