Un informe avalado por expertos revela violaciones graves en derechos humanos y a la naturaleza en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, reforzando las denuncias sobre ecocidio y etnocidio en el territorio maya. Un informe respaldado por el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza ha confirmado impactos severos en el medio ambiente y comunidades en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, vinculados al proyecto ferroviario del Tren Maya. La evaluación, basada en recorridos de campo y testimonios comunitarios, documenta daños irreversibles como la deforestación masiva, fragmentación del ecosistema, destrucción de cuevas y cenotes, además de alteraciones en los flujos hidrográficos y contaminación del agua. Este análisis se une a evidencias internas del sector ambiental mexicano que indican obstáculos para la supervisión y sanción de las afectaciones, entre ellas la tala ilegal y la destrucción de ecosistemas de alto valor. La expansión del proyecto también ha acelerado procesos de apropiación de tierras, incremento de la militarización y violaciones al derecho a la consulta previa de las comunidades originarias. Hasta ahora, estas acciones han contribuido a un escenario de desplazamiento social y deterioro del patrimonio natural y cultural. Ante estas circunstancias, en septiembre de 2025, el tribunal emitió una resolución histórica que declara a los cenotes como sujetos de derechos, exige la suspensión definitiva del tren y ordena la reparación integral de los daños ecológicos. Además, se reafirma la necesidad de desmilitarizar los territorios indígenas afectados y fortalecer la protección de los defensores ambientales. La relevancia de estas conclusiones radica en la evidencia de que proyectos de sucha magnitud requieren un cumplimiento riguroso de los derechos humanos y del cuidado del entorno, en un contexto donde la biodiversidad y la identidad cultural de la región están en juego por decisiones de infraestructura y desarrollo.
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