La medida legislativa busca frenar la entrada de mercancías subvaluadas y fortalecer el mercado interno bajo la estrategia del Plan México. Ciudad de México. — En un movimiento estratégico para salvaguardar la estabilidad económica del país, el diputado federal Ulises Mejía Haro detalló los alcances y beneficios de la reciente modificación a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Esta reforma arancelaria se perfila como un mecanismo de defensa vital para el aparato productivo nacional, diseñada específicamente para contrarrestar los efectos nocivos de la competencia desleal proveniente de naciones con las que México no sostiene tratados comerciales vigentes. La iniciativa surge como respuesta a una problemática estructural que ha erosionado la competitividad de las empresas locales durante la última década: la importación masiva de productos subvaluados y subsidiados en sus países de origen. De acuerdo con el legislador, estas prácticas comerciales agresivas han derivado en consecuencias tangibles y severas, como el cierre definitivo de unidades económicas, la supresión de miles de puestos de trabajo y una creciente dependencia de insumos manufacturados en el extranjero. Protección estratégica, no recaudatoria Uno de los puntos medulares expuestos por Mejía Haro es la naturaleza de esta actualización fiscal. El objetivo primordial de la reforma arancelaria no radica en incrementar la recaudación tributaria del Estado, sino en nivelar el terreno de juego para los productores mexicanos. Al ajustar los aranceles, se busca desincentivar la importación de bienes que entran al mercado con precios artificialmente bajos, haciendo que fabricar en México sea una opción más rentable y atractiva que comprar fuera. Esta política de protección industrial abarca sectores neurálgicos para la economía nacional. Industrias como la automotriz, textil, calzado, acero, electrodomésticos y plásticos —históricamente vulnerables ante el dumping comercial— recibirán
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