El régimen de Nicolás Maduro impulsa una convocatoria a la protestas masivas ante la profunda pobreza y el deterioro de las condiciones laborales en el país. Venezuela atraviesa una coyuntura crítica marcada por salarios extremadamente bajos en el sector público, que en la actualidad alcanzan apenas unos centavos de dólar según las tasas de cambio oficiales. Desde marzo de 2022, los empleados públicos reciben 130 bolívares mensuales, equivalentes a menos de un dólar, y en algunos casos, a apenas medio dólar, una situación que afecta a profesionales desde docentes universitarios hasta médicos que enfrentan jornadas extenuantes por remuneraciones insuficientes. La política económica del régimen encabezado por Nicolás Maduro ha sido señalada por reducir el poder adquisitivo de los trabajadores, promoviendo una dependencia total de bonos estatales, que en realidad funcionan como herramientas de control social y coerción política. Venezuela ocupa el último lugar en salarios mínimos en toda América Latina, lejos de países vecinos con niveles de ingreso superiores como Costa Rica y Uruguay, reflejando la magnitud de la crisis económica. A pesar de los bonos complementarios, estos no garantizan beneficios laborales ni seguridad social, sino que funcionan como mecanismos para atar a la población a un estado de pobreza crónica, sometida a demandas de lealtad y convivencia con represalias por parte del gobierno. La represión contra los dirigentes sindicales y los empleados que protestan ha sido sistemática, con miles de arrestos, amenazas y persecuciones en más de una década. En los últimos años, la destrucción del movimiento sindical ha sido evidente: cierre de sindicatos, encarcelamiento de líderes, desaparición de beneficios y derechos laborales fundamentales. Ante esta realidad, Maduro ha promovido una convocatoria a una «huelga insurreccional», en la cual los trabajadores deberían sostener un paro prolongado hasta la restauración del régimen, una estrategia cuyo objetivo
Miércoles, 13 de mayo de 2026
