La jurisdicción ratifica que la edad y salud de la mujer no justifican su libertad bajo fianza, mientras familiares denuncian presiones externas. Una audiencia que superó las seis horas concluyó con la decisión de mantener en prisión a Carlota N., una mujer de edad avanzada vinculada a un agresivo incidente familiar. Pese a que sus abogados presentaron cerca de 70 pruebas, incluyendo documentación médica que evidenciaba una enfermedad crónico-degenerativa, las autoridades determinaron que no se cumplían los requisitos para un arresto domiciliario. La fiscalía argumentó que la residencia propuesta no fue acreditada como propiedad del familiar en quien se pretendía confiar su custodia y que, además, existía un riesgo potencial de fuga, especialmente debido al uso de un arma de fuego en el incidente. La decisión generó controversia, ya que Arturo Santana, hijo de la mujer, aseguró que la resolución responde a presiones políticas y que la salud de su madre ha empeorado durante su tiempo en prisión; su padecimiento de diabetes requiere una dosis doble de insulina, agravándose en cautiverio. La controversia refleja las preocupaciones sobre cómo factores políticos pueden influir en decisiones judiciales en casos delicados y la importancia de un proceso justo para poblaciones vulnerables.
Sábado, 9 de mayo de 2026
