Expertos señalan que un Congreso Constituyente es clave para abordar la corrupción y modernizar el marco legal del país México ha experimentado en su historia tres grandes transformaciones que han estado acompañadas de sendas constituciones. La primera, durante la Independencia, fue un reglamento que se ajustaba a lo establecido en la Constitución de Cádiz, vigente en el primer y breve imperio de Agustín de Iturbide. Este documento sentó las bases del Estado mexicano en un contexto de transición y consolidación de su soberanía. Con la llegada de la República, en 1824, se promulgó una nueva Constitución que reflejaba los cambios políticos y sociales del país en ese momento. La segunda gran transformación ocurrió en 1857, tras el triunfo de la Revolución de Ayutla, con la Constitución liberal que ha sido, quizás, la más importante en la historia de México. Esta carta magna sentó las bases para las leyes y principios que aún rigen en el país, aunque ha sido modificada en múltiples ocasiones mediante reformas y contrarreformas. El siguiente hito fue la Constitución de 1917, que surgió en el contexto de la Revolución Mexicana y con un marcado carácter social. En teoría, es la que actualmente rige en México, aunque en la práctica ha sido objeto de numerosas reformas que han fragmentado y enmendado su texto original. La realidad es que, después de más de un siglo, la Constitución de 1917 presenta un entramado complejo y, en algunos aspectos, obsoleto para afrontar los desafíos actuales. En la coyuntura presente, si realmente se aspira a una transformación genuina y profunda, resulta imprescindible convocar a un congreso constituyente. La urgencia de esta iniciativa radica en aprovechar la mayoría legislativa favorable al oficialismo, que podría no repetirse en un futuro cercano. La oportunidad de redactar una nueva carta magna debe ser aprovechada con prontitud para impulsar cambios estructurales que permitan modernizar el Estado mexicano. Uno de los aspectos fundamentales
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