La Suprema Corte analiza controversias que podrían afectar la negociación del próximo presupuesto estatal, intensificando la confrontación entre oposición y Ejecutivo. En Nuevo León, las controversias constitucionales relacionadas con reformas judiciales y de transparencia continúan en la Suprema Corte, lo que ha reavivado tensiones en el escenario político previo a la discusión del Presupuesto 2026. La iniciativa del gobernador Samuel García para obligar al Congreso local a legislar sobre estos temas avanza en la instancia judicial, generando inquietud en los frentes opositores del PRI y PAN. Es importante destacar que la Corte inició el trámite de estos asuntos sin que aún se conozca una resolución definitiva, lo que mantiene en alerta a los actores políticos. Algunos sectores de oposición consideran que estas reformas buscan reducir la influencia de órganos tradicionales de transparencia y ajustar el proceso para las próximas elecciones judiciales, lo cual preocupa en un contexto donde las negociaciones presupuestales están en marcha. El contexto político local revela que el mandatario ha insistido en que el Congreso debió haber aprobado estas reformas antes del plazo establecido en marzo, argumentando también que su intención era ampliar estos cambios con vistas a la elección judicial del 2027. Sin embargo, cambios en la bancada naranja y otras circunstancias han diluido esa posibilidad. La posible obligatoriedad que la Corte podría dictar influiría en la postura del Legislativo y en la distribución del presupuesto destinado a transparencia y control ciudadano, elementos clave en el proceso de negociación para el próximo año. Fuentes de la sociedad civil han informado que algunos organismos de transparencia parecen estar preparando un frente de resistencia, comunicándose con distintas asociaciones y dependencias para ofrecer apoyo en solicitudes de información, lo que señala una posible postura de confrontación con el gobierno estatal y una intención de proteger
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