La iniciativa para regular la venta de viviendas enfrenta obstáculos legislativos y presiones del sector empresarial, retrasando su aprobación. El proceso para aprobar una ley que regula la oferta y preventa de viviendas en el estado de Nuevo León continúa en pausa, pese a las preocupaciones por fraudes y vacíos legales que afectan a los consumidores. La propuesta fue impulsada para fortalecer los controles en un mercado donde actualmente se presentan prácticas irregulares, incluyendo ventas sin permisos municipales y fraudes que han afectado a numerosos compradores. Sin embargo, la presión de las cámaras empresariales y otros actores del sector inmobiliario ha frenado su avance en el Congreso local. A lo largo de los meses, las discusiones se han centrado en modificar ciertos requisitos financieros que buscan garantizar mayor seguridad en las transacciones, como la exigencia de que los desarrolladores aseguren un depósito del 75% del valor del proyecto en un fideicomiso antes de comercializar propiedades en preventa. Aunque estas medidas pretenden cerrar los vacíos legales, existe la preocupación de que puedan excluir a desarrolladores pequeños y medianos, favoreciendo solo a grandes empresas. Históricamente, Monterrey ha sido considerada una de las ciudades con el mayor índice de fraudes inmobiliarios en el país, acumulando hasta un 11% de todos los casos nacionales, según datos recientes. La falta de regulación efectiva ha permitido prácticas que ponen en riesgo la inversión de los compradores y generan conflictos legales. La iniciativa busca, entre otras cosas, reforzar los permisos y las garantías necesarias para proteger a los consumidores y evitar que las operaciones se realicen sin la documentación adecuada. Mientras tanto, las autoridades y promotores inmobiliarios mantienen una postura de diálogo abierto, intentando alcanzar un consenso que permita avanzar en una regulación efectiva. No obstante, la tendencia indica que el sector busca suavizar los puntos
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