Nueva iniciativa en Nuevo León propone fortalecer mecanismos de control para evitar reincidencias de funcionarios sancionados. En un esfuerzo por reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, legisladores en Nuevo León proponen reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado. La iniciativa busca impedir que personas sancionadas por faltas administrativas puedan acceder o retener cargos en los gobiernos estatal, municipales u órganos autónomos, detallando procedimientos que aseguren la verificación y registro de sanciones. Los cambios proponen modificar el artículo 59, con el objetivo de reducir ambigüedades y fortalecer la obligación de verificar los antecedentes de los aspirantes a puestos públicos. Se establece que las entidades deben consultar y documentar el estado de las sanciones en sistemas nacionales y estatales, en un plazo máximo de diez días hábiles. Además, se considera falta grave no realizar estas verificaciones, falsificar información o contratar a personas con antecedentes sancionatorios, lo cual conlleva sanciones como suspensión, destitución, multas o inhabilitación. Para ampliar la eficacia del proceso, la propuesta también incluye la obligación de registrar en los sistemas correspondientes las constancias de inhabilitación y sanciones, garantizando que estas sean de conocimiento público y a disposición de las autoridades responsables de contratación. La iniciativa pretende cerrar espacios de impunidad y fortalecer los mecanismos de control en la selección de funcionarios, promoviendo un servicio público más honesto y transparente. Este tipo de reformas evidencian el compromiso de los legisladores locales con la lucha anticorrupción y la transparencia, alineándose con principios de la Cuarta Transformación y fortaleciendo los sistemas de fiscalización en la administración pública de Nuevo León.
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