La bancada de Morena busca garantizar que el Estado sea responsable de planificar, financiar y supervisar el transporte escolar, frente a propuestas del gobierno estatal que delegan esa tarea a las escuelas. En un esfuerzo por fortalecer la responsabilidad del gobierno en la gestión del transporte escolar en Nuevo León, la bancada del partido Morena presentó una serie de reformas a las leyes de Educación y Movilidad. La iniciativa busca asegurar que toda la planificación, coordinación y supervisión del transporte sea una función exclusiva del Estado, evitando que las instituciones educativas asuman esa responsabilidad y potencialmente generen problemas de operación y seguridad. La propuesta establece que, aunque las escuelas y los padres puedan colaborar aportando datos y apoyo en la organización, los recursos, unidades y la gestión del servicio deben ser proporcionados y controlados por las autoridades estatales, específicamente desde Palacio de Cantera, sede del gobierno de la entidad. Además, contempla que los vehículos utilizados tengan una antigüedad máxima de seis años, y cuenten con placas, tarjetas de circulación y pólizas de seguro vigentes, asegurando condiciones óptimas y seguras para el traslado de los estudiantes. El debate surge en un contexto en el que las autoridades estatales buscan implementar un esquema de transporte escolar obligatorio, enfrentándose a diferentes propuestas y opiniones. La iniciativa de Morena no solo busca clarificar y fortalecer los lineamientos legales, sino también ofrecer un enfoque integral que priorice la seguridad y la eficiencia del servicio. Este movimiento legislativo se enmarca en una discusión más amplia sobre la gestión del transporte escolar en México, donde la coordinación entre autoridades y comunidad educativa resulta clave para garantizar accesibilidad y protección a los alumnos, particularmente en contextos de crecimiento urbano y retos en movilidad escolar. La propuesta busca influir en políticas públicas que
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