Samuel García, gobernador de Nuevo León, atraviesa una etapa complicada en su administración. Diversos factores apuntan a que el séptimo año de su gestión se perfila como un desafío excepcional, abrumado por críticas y difíciles acusaciones que podrían marcar el rumbo de su mandato.
Las quejas en el sector empresarial local son frecuentes, destacando acusaciones sobre “moches” y la exigencia de pagos por trámites relacionados con el gobierno. La percepción negativa sobre su gestión se acrecienta, especialmente entre sus adversarios políticos, quienes vislumbran un futuro nada alentador. Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, y otros rivales han expresado su intención de buscar posiciones de relevancia en las próximas elecciones, aumentando la presión sobre García.
El gobernador enfrenta también investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que está indagando una posible red de corrupción relacionada con lavandería de recursos. La suma podría ascender a más de mil millones de pesos, vinculado a un despacho legal cercano a su familia. Esta situación ha llevado a algunos legisladores a exigir que Samuel solicite una licencia para gestionar adecuadamente las acusaciones que lo rodean.
En paralelo, García se enfrenta a procesos de juicio político por presuntas irregularidades en la gestión de decretos y la intervención en procesos electorales. Asimismo, su veto a la Ley de Egresos 2026 ha dejado a la administración estatal con recursos limitados, generando inestabilidad financiera.
A medida que se acerca el Mundial de Fútbol 2026, las críticas a su gobierno se intensifican, especialmente por obras incompletas que son cruciales para el evento. Esto sumado a problemas de movilidad y contaminación en Monterrey plantean un complejo escenario para el gobernador, quien deberá tomar decisiones fundamentales en los próximos meses para definir su futuro y el rumbo del estado.
Con información de heraldodemexico.com.mx