La Administración Judicial realiza transferencias electrónicas solo a ciertos juzgadores, dejando sin pago a aquellos que deben abandonar sus cargos en 2027 y a otros en retiro, generando protestas y cuestionamientos sobre transparencia en el proceso. Recientes pagos por indemnización a jueces y magistrados comenzaron a efectuarse mediante transferencias electrónicas, en cumplimiento de la reforma judicial aprobada en 2024. La medida busca facilitar el proceso y evitar desplazamientos, pero no todos los beneficiarios han recibido los recursos. Quienes deben dejar sus cargos antes de 2027, como parte del proceso de reorganización judicial, todavía no han sido contemplados en los pagos, generando rechazo y planteamientos de irregularidades. Este hecho se suma a las múltiples protestas de los abogados y jueces afectados, quienes en diversas ocasiones han bloqueado vías principales y realizado manifestaciones para exigir transparencia y justicia en la distribución de recursos. La falta de claridad en la distribución, el desacuerdo en los montos entregados y la omisión de pagos a quienes aún deben cumplir con su servicio activo reflejan una situación de tensión en el sistema judicial. Contextualmente, la reforma judicial busca modernizar y transparentar los procesos, garantizando derechos laborales y pensiones a magistrados y jueces tras su retiro. Sin embargo, la percepción actual revela que la gestión de los recursos sigue enfrentando obstáculos, con debates sobre si los fondos destinados, que suman aproximadamente 6,500 millones de pesos, están siendo distribuidos de forma equitativa. La falta de información precisa y la percepción de exclusión refuerzan la desconfianza en el proceso y apetencias por una mayor transparencia en la política de pagos. El conflicto evidencia una necesidad urgente de establecer mecanismos claros y públicos para la distribución de indemnizaciones, evitando divisiones entre el cuerpo judicial y reforzando la confianza en las instituciones. L
Sábado, 9 de mayo de 2026
