Diversos funcionarios y exfuncionarios de México enfrentan señalamientos por supuestos vínculos con narcos, en medio de un contexto de infiltración del crimen organizado en la política nacional. En los últimos años, la presencia de vínculos entre personajes políticos y organizaciones criminales en México ha generado controversia y preocupación social. Entre los nombres que han sido señalados en diferentes investigaciones destacan exservidores públicos que se presume habrían tenido conexiones con el Cártel de Sinaloa, una de las agrupaciones delictivas más poderosas del país. La captura de líderes del narcotráfico, como Ismael “El Mayo” Zambada, ha destapado posibles alianzas y financiamientos que habrían sostenido algunas estructuras de gobierno. El exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, es el funcionario de alto nivel con mayores condenas en relación con vínculos narcos. Tras un proceso judicial en Estados Unidos, fue condenado por aceptar sobornos y colaborar con el cártel, situación que se conoció tras testimonios de narcotraficantes detenidos en ese país. Los testimonios detallaron pagos millonarios entregados al exfuncionario, quienes declararon que la protección brindada facilitó operaciones de tráfico de drogas en amplias regiones. Por otro lado, otros exmiembros del sistema judicial y funcionarios estatales, como Édgar Veytia, alias “El Diablo”, y políticos de diferentes estados, también enfrentan acusaciones por colaboración o protección a grupos criminales. La lista incluye a exgobernadores, exsecretarios y alcaldes, algunos de los cuales estarían involucrados en redes de lavado de dinero y operaciones ilícitas, según informes y sospechas recabadas por autoridades nacionales e internacionales. La presencia de vínculos entre poder político y narco evidencia un fenómeno de infiltración del crimen organizado en distintos niveles de gobierno, complicando las tareas de combate a la delincuencia. Estos casos
Sábado, 9 de mayo de 2026
