La Fiscalía posterga la actualización sobre la disposición de seguridad personal para ex funcionarios con más de seis años sin funciones públicas, en medio de reclamos y cambios internos. La intención de algunos ex servidores públicos de dejar atrás las escoltas asignadas durante sus mandatos continúa enfrentando obstáculos, ya que las autoridades ampliaron a enero el plazo para que la Fiscalía proporcione detalles sobre la retirada de estas protecciones. Hasta ahora, quienes tenían hasta 15 guardias personales durante sus años en funciones arriesgan que, tras más de seis años fuera del cargo, deberán cubrir por sí mismos los gastos de seguridad privada si así lo desean. La administración de las medidas de protección ha generado tensiones internas, pues los afectados consideran que la seguridad fue subsidiada con recursos públicos y no desean perderla sin un proceso transparente. Por otro lado, la reciente comparecencia de Eduardo Ortegón, director de Agua y Drenaje, ante el Congreso destacó una gestión renovada que ha recibido opiniones diversas. La apertura de su equipo y la disposición a dialogar han sido valoradas, aunque todavía persisten cuestionamientos sobre la eficiencia del organismo, especialmente respecto a fugas en la red y ante los atrasos en la solución de problemas pendientes, algunos legisladores del PRI y PAN han señalado la gravedad de las deudas. En un contexto de auditorías, el estado de las finanzas municipales también está en el centro de atención. La Auditoría Superior de la Federación reportó avances positivos en municipios como Santiago, mientras que en Cadereyta, aún pendiente por aclarar, existen más de 52 millones de pesos en observaciones relacionadas con la administración del año pasado, bajo la gestión del alcalde Cosme Leal. Estos temas reflejan una tendencia de mayor fiscalización y control en distintos ámbitos públicos, con la ciudadanía atenta a las decisiones que impactan tanto en la seguridad personal como en la gestión de recur
Miércoles, 13 de mayo de 2026
