La propuesta de gasto para las nuevas instituciones judiciales supera en 12.7% el presupuesto actual, generando debate sobre su justificación y necesidades reales. El proyecto de presupuesto para 2026 del Poder Judicial en México contempla una cifra total que supera en casi 13% lo destinado en el ejercicio en curso, pese a la reciente reforma judicial implementada en la próxima administración. La propuesta incluye recursos para la Suprema Corte, así como para el Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con un monto conjunto que alcanza aproximadamente 86 mil millones de pesos. En comparación, el gasto total de la corte en 2023 fue cercano a los 71 mil millones de pesos, representando un incremento en términos nominales y reales. Este aumento presupuestal busca dotar a las nuevas instituciones de infraestructura, tecnología y recursos humanos necesarios para afrontar los nuevos retos organizacionales y operativos derivados de la reforma. Asimismo, contempla el pago de remuneraciones y prestaciones para los juzgadores y personal, incluyendo liquidaciones a servidores que salieron del sistema judicial por motivos relacionados con los cambios estructurales. El proceso de aprobación del gasto contó con el respaldo de la mayoría del pleno de la corte, aunque algunas voces cuestionaron la justificación del aumento, especialmente en los órganos que asumen funciones que anteriormente cumplía el Consejo de la Judicatura Federal. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración, parte de sus recursos se destinan a tareas de supervisión y vigilancia del sistema judicial, ámbitos en los que algunos expertos reclaman mayor transparencia y desglose detallado del gasto planificado. La discusión refleja la complejidad y los debates internos sobre la asignación de recursos en una etapa de transformación judicial. La reforma busca modernizar y fortalecer la estructura
