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Política

Procedimiento para la designación del próximo fiscal general de la FGR

El proceso de designación del nuevo fiscal de la FGR en México avanza conforme a la Constitución y se espera que finalice en los primeros días de diciembre.

Por Redacción1 min de lectura
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La elección del nuevo titular de la Fiscalía General de la República avanza conforme a la normativa constitucional y se espera que ocurra en los primeros días de diciembre. El proceso para nombrar al nuevo fiscal general de la Fiscalía General de la República (FGR) en México está en marcha, siguiendo las disposiciones establecidas en la Constitución y las reformas de 2014 que crearon esta institución en reemplazo de la Procuraduría General de la República. Este marco normativo busca fortalecer la autonomía del órgano encargado de investigar y perseguir delitos federales, involucrando la participación del Senado para asegurar una selección transparente y legítima. Según los procedimientos actuales, en la primera fase, el pleno del Senado debe integrar y presentar una lista de al menos diez candidatos para el cargo, antes del 2 de diciembre. La Cámara alta enviará esa lista a la Presidencia de la República, que entonces seleccionará una terna con las tres postulaciones más relevantes y las devolverá a la Cámara de Senadores para su votación final. La elección se realiza mediante voto secreto por cédula y, una vez obtenido el consenso, la persona elegida jurará su cargo ante el pleno del Senado por un período de nueve años, hasta 2034. El proceso contempla diversos escenarios en caso de cambios o retrasos, como la designación de un fiscal provisional por parte del Ejecutivo en caso de no cumplirse los plazos o la no remisión de la lista completa por parte del Senado. Además, tras la aceptación de una renuncia por parte del fiscal saliente, el Senado realizará una segunda votación para definir la nueva titularidad, en la que también puede participar el Ejecutivo si no se cumple el proceso de selección en los tiempos establecidos. El procedimiento busca garantizar una transición ordenada y basada en criterios de profesionalismo e independencia, elementos esenciales para fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

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