Puebla, Puebla. - Familiares de personas privadas de la libertad han denunciado un posible esquema de extorsión en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, donde se reportan cobros para evitar agresiones y la exigencia de dinero para que sus seres queridos no sean desplazados a áreas peligrosas del penal. Estas prácticas también incluyen la venta de teléfonos celulares, así como el control del acceso a servicios básicos, provocando un clima de temor entre los internos y sus familias.
Los testimonios indican que los familiares deben buscar recursos económicos para proteger a sus parientes y mejorar su calidad de estancia en el reclusorio. Las acusaciones no se limitan a la extorsión, ya que también se menciona la presunta venta de drogas y bebidas alcohólicas, lo que sugiere una posible complicidad de algunos funcionarios al interior del centro penitenciario.
La situación ha puesto en jaque la supervisión y vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como la gestión del actual director del Cereso, Jorge Ortiz Delgadillo. La gravedad de las denuncias ha generado preocupación no solo en las familias de los internos, sino también en la sociedad en general, que exige una investigación a fondo.
“Las condiciones dentro del Cereso de San Miguel son insostenibles y peligrosas para quienes ahí se encuentran”, declaró un familiar de un interno afectado.
La repetición de estas quejas sugiere que las prácticas denunciadas no son incidentes aislados, lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a solicitar medidas urgentes para revisar las condiciones y la seguridad del penal.
Con información de quadratin.com.mx

