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PVEM propone cárcel para mujeres que atribuyan falsa paternidad

El PVEM propone penalizar con cárcel a mujeres que atribuyan falsamente la paternidad, buscando proteger derechos y patrimonio en casos de engaño.

Por Redacción3 min de lectura
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La iniciativa busca sancionar conductas fraudulentas que afectan el patrimonio y derechos de las familias El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha presentado una iniciativa de reforma al Código Penal Federal que busca tipificar como delito la atribución falsa de paternidad, proponiendo sanciones severas para quienes incurran en esta conducta. La propuesta, impulsada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, contempla la adición del artículo 390 Ter, que establecería penas de uno a cinco años de prisión y multas de 100 a 1,000 días de salario para quienes cometan ciertos actos relacionados con la falsificación de la paternidad. Entre las conductas que la iniciativa pretende sancionar se encuentran registrar a una persona atribuyendo falsamente la paternidad a un tercero, así como aprovechar la existencia de menores derivados de una relación conyugal para ocultar, transferir o adquirir bienes a nombre de terceros. Estas acciones, según el documento, generan un daño patrimonial y emocional, además de afectar los derechos de los menores y de quienes ejercen responsabilidades de paternidad sin ser los verdaderos progenitores. El proyecto de reforma también contempla que, además de las sanciones penales y económicas, las víctimas puedan exigir la reparación del daño por las cantidades entregadas en concepto de obligaciones alimentarias impuestas de manera fraudulenta. La intención del Partido Verde es proteger el patrimonio de quienes han sido obligados a cumplir con responsabilidades que no corresponden a su parentesco biológico, sin que esto afecte el derecho de los menores a recibir alimentos. En la exposición de motivos, Núñez Aguilar sostiene que el engaño en la atribución de paternidad representa un problema social que requiere atención jurídica urgente. Argumenta que, aunque el Código Civil ya protege los derechos de los menores, también es necesario garantizar los derechos de los adultos afectados, especialmente en casos donde el engaño ha sido doloso. Para fu

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