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Querétaro celebra acuerdo nacional contra la extorsión en México

Se oficializa un acuerdo nacional en México para combatir la extorsión, reforzando acciones legales y de coordinación para proteger a ciudadanos y empresarios.

Por Redacción2 min de lectura
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La iniciativa busca endurecer acciones legales para reducir la incidencia de extorsiones y proteger tanto a ciudadanos como a comerciantes en todo el país. En un paso estratégico para fortalecer la seguridad en el país, se ha establecido un acuerdo nacional para combatir el delito de extorsión en México, con la participación de diversos gobernadores y autoridades federales. La iniciativa fue respaldada en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó la necesidad de perseguir de oficio este tipo de delitos, considerados como uno de los principales retos para la seguridad en 2026. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti, valoró el compromiso de homogeneizar esfuerzos en la lucha contra la extorsión, que ha afectado especialmente al comercio local y nacional. Aunque en Querétaro las estrategias de seguridad han logrado reducir la presencia de extorsiones físicas, las amenazas virtuales, como llamadas fraudulentas y correos electrónicos para el robo de datos, han aumentado. La falta de datos oficiales no impide que empresarios y ciudadanos denuncien incidentes relacionados, revelando un escenario de amenazas cada vez más sofisticadas y frecuentes para los afectados. Este acuerdo refleja un esfuerzo coordinado por parte de las autoridades mexicanas para afrontar en conjunto un delito que trasciende regiones y afecta tanto a la economía formal como a la seguridad ciudadana. La integración de esfuerzos en diferentes niveles de gobierno resulta crucial para reducir las altas tasas de extorsión, que representan un obstáculo para el desarrollo económico y la confianza en las instituciones. El combate a la extorsión no solo requiere acciones legislativas y operativas, sino también una mayor cultura de denuncia que permita contar con datos confiables para diseñar políticas efectivas. La atención a las amenazas virtuales y la colaboración estrecha entre entidade

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