El legislador llama a reforzar las instituciones para reducir las cifras alarmantes en el estado, que ocupa los primeros lugares nacionales en indicadores de violencia feminicida. Querétaro continúa situándose en los primeros lugares a nivel nacional en indicadores de violencia contra las mujeres, una problemática que requiere atención urgente. La persistencia de estas cifras revela que las acciones institucionales no han logrado frenar la problemática, a pesar de los avances en la legislación local. La situación tiene raíces profundas en fallas estructurales que afectan la prevención, atención y procuración de justicia en el estado. Diversos esfuerzos legislativos, como la implementación de reformas enfocadas en proteger a las víctimas, buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer los mecanismos de protección. Entre ellas, destacan leyes que sancionan la violencia familiar y mecanismos de protección a través de la ley 3 de 3, que limita el acceso a cargos públicos para responsables de violencia y deudores alimentarios. Sin embargo, la efectividad de estas leyes depende en gran medida de su aplicación diligente por parte de las instituciones responsables. El análisis del panorama señala que, aunque las penas se han actualizado y las reformas se han aprobado, los niveles de violencia permanecen inalterados. Esto evidencia la necesidad de optimizar la capacidad de respuesta institucional, ofrecer acompañamiento integral a las víctimas y garantizar justicia efectiva. La reducción de estas cifras requiere un compromiso integral que va más allá de las leyes, involucrando acciones de prevención y atención que aborden las causas profundas de la violencia de género en Querétaro.
