Una iniciativa busca reforzar la responsabilidad ética en el servicio público, atendiendo al incumplimiento de obligaciones familiares y su impacto social. En Querétaro, la prestación de servicios públicos responsables y éticos es una prioridad que impacta directamente en la confianza ciudadana. Para fortalecer estos valores, se ha presentado una iniciativa de ley que impide que servidores públicos con adeudos en obligaciones alimentarias puedan acceder o mantenerse en cargos dentro del sector estatal. Esta propuesta impulsa un compromiso mayor con la integridad, asegurando que quienes representan a la autoridad sean ejemplo de responsabilidad tanto en su vida familiar como en sus funciones oficiales. El proyecto propone modificar la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para incluir la prohibición en los ámbitos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como en municipios y órganos autónomos. La intención es que este requisito también abarque a quienes laboran en entidades paraestatales y municipales, promoviendo una cultura de ética y compromiso desde el interior del propio gobierno. La iniciativa surgió a partir de datos que muestran que un porcentaje importante de casos en juzgados familiares en la región se relaciona con incumplimientos en obligaciones de pensión alimenticia. La directora del proyecto expresó que garantizar la responsabilidad en la vida personal de los funcionarios contribuye a una mejor administración pública y a un ejemplo positivo para la ciudadanía. Además, resaltó que la ética profesional empieza en la esfera familiar y se refleja en la confianza pública. Este tipo de reformas no solo busca fortalecer la credibilidad de los servidores públicos, sino también proteger el bienestar de las infancias y adolescentes que dependen de estos apoyos. La propuesta incide en la importancia de que la responsabilidad familiar sea una prioridad para quienes desempeñan cargos en diferentes niveles del gobierno, fortaleciendo la cohesión soc
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