A pesar de orden de la Suprema Corte, magistrados ratificaron una condena que puede permitirle salir en libertad, generando rechazo entre organizaciones protectoras de animales. En Querétaro, una resolución judicial ha provocado controversia tras confirmar la condena de cuatro años de prisión y una multa de 10 mil pesos a Vicente N, responsable del envenenamiento de dos perros de rescate y apoyo emocional en 2021. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en octubre de 2024 que el Tribunal Colegiado del Vigesimo Segundo Circuito revisara y ajustara la sentencia, considerando la crueldad en los métodos utilizados y la gravedad del delito. Sin embargo, en una resolución reciente, los magistrados revocaron dicha orden y ratificaron la sentencia original, poniendo en riesgo la posibilidad de que el responsable quede en libertad, ya que la pena mínima podría ser cumplida sin ingreso a prisión. Este caso ejemplifica una problemática mayor en México, donde el maltrato animal es una realidad alarmante. A nivel nacional, solo una fracción mínima de delitos contra animales recibe sanción, pese a la gravedad que representa para la protección de la biodiversidad y los derechos de los animales. La envenenada de los perros Athos y Tango, activos en actividades de búsqueda y rescate, fue un acto intencional que evidenció una alta crueldad, motivada por antecedentes del agresor, incluyendo acoso y conflictos vecinales. La historia de estos caninos destaca la urgencia de reforzar las leyes y mecanismos de justicia para castigar adecuadamente estos delitos y proteger a los animales que colaboran en tareas vitales para la sociedad. El caso reaviva el debate sobre la eficacia del sistema judicial en la protección animal y la necesidad de avanzar con jurisprudencias firmes que permitan una sanción ejemplar, más allá de la simple penalización económica. La lucha por la justicia en estos casos no solo busca castigar a los responsables, sino también promover una mayor conciencia soc
Sábado, 9 de mayo de 2026
