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Quintana Roo

Aguakan impugna crédito fiscal superior a 3,7 mil millones de pesos en Quintana Roo

Aguakan impugnará en tribunales un crédito fiscal de más de 3,7 mil millones de pesos emitido por CAPA, tras sentencias previas que cuestionan su legalidad.

Por Redacción2 min de lectura
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La concesionaria anunció que alegará la ilegalidad de una deuda emitida por CAPA, tras sentencias previas que cuestionan la validez de esos recursos. En un movimiento para defender su situación financiera, la empresa de servicios hidráulicos Desarrollos Hidráulicos de Cancún, conocida como Aguakan, se prepara para impugnar un crédito fiscal que supera los 3,7 mil millones de pesos en el estado de Quintana Roo. La deuda fue notificada en octubre pasado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, tras una revisión del ejercicio fiscal del 2019, en la que se cuestionan supuestos incumplimientos del contrato de concesión en vigor desde 2014. Este crédito, según la compañía, carece de sustento legal y contraviene tanto la legislación fiscal local como las sentencias judiciales que establecen que no debe cobrarse. La concesionaria ha argumentado que las cantidades reclamadas no representan contribuciones fiscales, sino conceptos derivados del acuerdo de concesión, por lo cual no deben ser considerados como deuda tributaria. Además, destacan que tribunales ya han fallado en otras ocasiones que estas cantidades no son legalmente exigibles, reforzando su postura de que la autoridad no cuenta con la facultad para exigir tales pagos. Por su parte, Aguakan confirmó que accionará en los tribunales correspondientes para defender su posición y garantizar la continuidad de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento en las zonas de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos. La acción forma parte de su compromiso con garantizar el acceso al agua y la protección de los derechos humanos al servicio básico, ante un escenario de disputa legal que puede marcar precedentes en la regulación del sector. En un contexto más amplio, estas disputas legales reflejan las tensiones persistentes entre concesionarias de servicios públicos y las autoridades estatales en materia de cobros y cumplimiento normativo. La resolución de estos casos puede influir en l

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