Alfredo V. Bonfil, Quintana Roo. - La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ha desmentido cualquier tipo de acuerdo o negociación fuera del ámbito judicial en relación con el cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo 120/2019-V-1, en el Ejido Alfredo V. Bonfil. Esta declaración se produce en medio de un creciente conflicto que involucra a los ejidatarios y la cuestión del pago que reclaman.
Datos clave
- Organismo: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
- Conflicto: Senetencia del juicio de amparo 120/2019-V-1.
- Fecha de la asamblea: 5 de julio.
- Avalúo denunciado: 400 pesos por metro cuadrado.
- Oferta recibida por ejidatarios: 90 pesos por metro cuadrado.
CAPA ha enfatizado que la sentencia está en proceso de cumplimiento ante el Juzgado de Distrito y subraya que cualquier acción debe desarrollarse en el marco del expediente judicial, rechazando así cualquier negociación no oficial. En su comunicado, la dependencia señaló que no existe un avalúo aprobado que defina la cantidad a pagar, indicando que los montos mencionados en medios o redes sociales no son válidos.
Mientras tanto, los ejidatarios han denunciado amenazas relacionadas con el proceso de avalúo, lo que ha generado tensión en la comunidad. A medida que se aproxima la asamblea programada para el próximo 5 de julio, los ejidatarios están demandando respuestas claras sobre la gestión de sus tierras y el valor que se les ofrece por metro cuadrado. Se especula una notable diferencia entre el monto que consideran justo y la cifra que se les ha propuesto.
¿Qué cuestionan los ejidatarios en la asamblea?
Los ejidatarios exigirán aclaraciones sobre la representación legal y los honorarios asociados al Despacho de Abogados Cuevas, que ha estado al frente de las negociaciones. La discrepancia entre el avalúo estimado de 400 pesos y la oferta de 90 pesos por metro cuadrado ha despertado inquietudes sobre la transparencia en la gestión.
¿Qué se espera tras la discusión en la asamblea?
La asamblea del 5 de julio será un momento crucial para que los ejidatarios planteen sus preocupaciones y reciban respuestas sobre cómo se está llevando a cabo la gestión de la sentencia. La CAPA, por su parte, mantiene su postura de que no reconoce cifras de terceros y que todo procedimiento debe ser transparente y oficial.
Como respaldo a sus demandas, los ejidatarios están dispuestos a llevar sus inquietudes al ámbito legal si consideran que sus derechos no están siendo respetados. La comunidad espera un resultado que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas en este proceso.
Con información de lapalabradelcaribe.com