A pesar de que la Suprema Corte declaró ilegal el cobro, diversas localidades continúan recaudando recursos por el Derecho de Alumbrado Público, generando debate sobre legalidad y dependencia económica. En Quintana Roo, los ayuntamientos siguen aplicando el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que dicho cobro es inconstitucional. La Corte invalidó los primeros párrafos de la ley que establecían un recargo del cinco por ciento en los recibos de energía eléctrica para financiar el alumbrado público, señalando que esa clasificación constituye un impuesto disfrazado, reserva exclusiva del Congreso de la Unión, y vulnera principios de equidad tributaria. Sin embargo, la ley aún se aplica en siete municipios del estado, ya que su supuesta invalidez requiere que los congresos locales y los ayuntamientos modifiquen sus normativas para dejar de cobrarlo oficialmente. Este esquema afecta principalmente a residentes y pequeños negocios, quienes enfrentan un doble pago, ya que en muchos casos el impuesto predial y el DAP gravan el mismo servicio sin proporcionalidad. A nivel municipal, en 2025 se proyecta una recaudación total superior a los 480 millones de pesos, siendo Benito Juárez el mayor generador con más de 253 millones, recursos destinados principalmente al mantenimiento y operación de luminarias, pese a la advertencia judicial. Expertos coinciden en que mantener el cobro en forma ilegal perpetúa desigualdades y limita el acceso a justicia de las familias menos favorecidas, mientras que los grandes contribuyentes logran evadir el pago con amparos.
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