La modernización de la justicia ambiental es vital para proteger el patrimonio natural del estado. La justicia ambiental en Quintana Roo enfrenta un grave retraso administrativo. Actualmente, los procedimientos pueden tomar entre siete y ocho meses, lo que a menudo resulta en daños irreversibles al ecosistema. La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado aboga por una transición hacia juicios orales, lo que permitiría soluciones más rápidas, con el objetivo de reducir estos tiempos a solo uno o tres meses. Esta modernización no es solo una mejora administrativa; es fundamental para la protección del medio ambiente. Entre los delitos más frecuentes se incluyen el desmonte y la gestión de residuos sin permisos. La urgencia por reforma r estos procesos se vuelve crucial para evitar la degradación ambiental en la región.
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