La propuesta de inscribir contratos de promesa inmobiliaria genera alertas por posibles fraudes y vacíos legales; expertos llaman a debate abierto. La reciente iniciativa para reformar el Código Civil en Quintana Roo plantea la inscripción de contratos de promesa relacionados con bienes raíces en el Registro Público de la Propiedad, con el fin de fortalecer la seguridad jurídica en operaciones inmobiliarias. La propuesta contempla que estos acuerdos, que afectan derechos reales y propiedades, sean registrados mediante anotación marginal, buscando reducir los fraudes y la incertidumbre en el sector. No obstante, expertos en derecho señalan que la medida podría presentar riesgos significativos si no se implementan controles adecuados. La naturaleza privada de estos contratos, que en muchos casos no están sometidos a supervisión notarial, los hace vulnerables a falsificaciones, simulaciones y posibles engaños. Además, la falta de un plazo de caducidad para las promesas inscritas podría generar una situación de vigencia indefinida, creando complicaciones en la administración fiscal, derechos adquiridos y relaciones jurídicas futuras. El contexto del mercado inmobiliario en Quintana Roo, uno de los destinos turísticos y de inversión más importantes del país, refuerza la necesidad de un análisis riguroso. La creciente demanda de propiedades ha derivado en numerosos casos de fraudes y conflictos legales. Sin embargo, la misma necesidad de protección no puede sacrificar la seguridad jurídica, especialmente en un entorno donde las operaciones inmobiliarias son una parte crucial de la economía local. Para abordar estos desafíos, especialistas llaman a abrir un proceso de discusión pública con la participación de notarios, autoridades del Registro Público, abogados especializados en bienes raíces y actores del sector. El objetivo es definir reglas claras, establecer plazos adecuados y garantizar la integridad de los procedimientos, evitando vacíos legales que puedan ser explot
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