Mario Calzada expresa su oposición a la ley y critica la falta de participación ciudadana en su proceso de aprobación, proponiendo alternativas para la gestión del agua. En una nueva postura en torno a la discusión sobre la Ley Nacional de Aguas, un legislador federal del Partido Revolucionario Institucional decidió señalar su desacuerdo con el decreto en trámite. La principal inquietud se centra en la falta de un proceso inclusivo que considere las propuestas y opiniones de diversos actores sociales, además de los parámetros regulatorios que aún generan controversia. La negativa se fundamenta en que el proceso legislativo reciente no reflejó un diálogo efectivo con las comunidades ni los expertos, lo cual podría afectar la eficacia y equidad del ordenamiento jurídico futuro. Expertos en gestión hídrica han destacado que la conservación y eficiencia del uso del recurso deben fundamentarse en proyectos de tecnificación agrícola y en la reactivación de infraestructuras de tratamiento de agua que permanecen en desuso en varias regiones. La propuesta del legislador también abordó temas fundamentales como la transmisión de derechos y la redistribución de facultades administrativas, proponiendo un enfoque más participativo y transparente. Esta postura emerge en un contexto donde la gestión del agua continúa siendo un reto crucial para el país, especialmente ante las presiones por el crecimiento poblacional y el cambio climático, que exigen soluciones integradas y sostenibles.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
