La reducción de salarios en el Poder Judicial genera inquietud por su impacto en la independencia y el equilibrio de poderes en México. En un contexto de cambios en la estructura administrativa del Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados de carrera han denunciado recortes salariales que afectan su independencia y representan una amenaza a los principios constitucionales. Desde septiembre, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) implementó reducciones en los salarios, las cuales han sido registradas en sus recibos de pago y varían según los ingresos individuales. La medida ha sido ampliamente criticada por afectar la estabilidad laboral y la imparcialidad del poder judicial, ya que los sueldos adecuados son fundamentales para garantizar una justicia libre de presiones políticas. Especialistas y agrupaciones judiciales señalan que la disminución de los ingresos contraviene lo establecido en los artículos 94 y 123 de la Constitución, que protegen la inalterabilidad salarial de los magistrados y jueces durante su encargo. La independencia judicial se sustenta en la estabilidad en el cargo, garantías contra influencias externas y remuneraciones justas. Cualquier manipulación en los salarios genera riesgos para la imparcialidad judicial, envía un mensaje de subordinación y puede socavar el Estado de Derecho. El OAJ justifica los recortes argumentando que el anterior tabulador expiró en agosto y que la medida busca ajustar los salarios a un nuevo esquema. Sin embargo, expertos advierten que estas acciones podrían abrir la puerta a injerencias políticas y afectar la confianza en el sistema judicial. La reciente instalación del órgano, presidido por Néstor Vargas Solano, ex asesor cercano a la actual administración, marca un cambio en la gestión administrativa que debe equilibrarse respetando la autonomía judicial y el marco constitucional. Este escenario se inscribe en una coyuntura más amplia donde la independencia judicial es clave para fortalecer la demo
Sábado, 9 de mayo de 2026
