Se esperan modificaciones en la legislación electoral para 2026 y ajustes a la ley sobre delitos de extorsión en respuesta a propuestas y observaciones del poder legislativo. En el escenario político actual, los legisladores trabajan en la definición de reformas clave para el proceso electoral y en la actualización de la legislación contra la extorsión. La iniciativa para modificar el artículo 35 de la Constitución, que permite la revocación de mandato, podría concretarse entre los meses de febrero y abril de 2026. Esto aseguraría que la nueva norma fuera aplicable en las elecciones de 2027, permitiendo un análisis profundo y discusión en el período ordinario de sesiones que se extiende de febrero a abril. La revocación de mandato, considerada parte de las reformas electorales, continúa siendo una prioridad, y en ese mismo período se esperan avances en la propuesta de reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Por otra parte, el Congreso también centra esfuerzos en perfeccionar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La minuta enviada por la Cámara de Diputados en octubre ha recibido observaciones por parte del Senado, que plantea incrementar las penas de prisión, actualmente de cinco a quince años, particularmente en entidades donde las penas son menores a seis años. Además, se revisará la reducción de sanciones para funcionarios públicos involucrados y la creación de fiscalías especializadas en extorsión, ya que actualmente estas tareas se asignan a fiscalías que combatían otros delitos como el secuestro. Los diputados de Morena han manifestado apertura a los cambios, señalando que la intención es fortalecer la ley y cerrar vacíos existentes en la normativa actual. Estos esfuerzos legislativos reflejan una voluntad conjunta de avanzar en reformas que refuercen la estabilidad electoral y combatan de manera efectiva la extorsión, un delito que impacta significativamente la seguridad ciudadana en varias r
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