La suspensión de pensiones y demoras en depósitos generaron protestas de juzgadores retirados, evidenciando problemas en la administración de recursos judiciales. Desde finales de septiembre, un colectivo de jueces y magistrados retirados en México enfrentó una serie de retrasos en el pago de sus pensiones, originados por órdenes superiores en la estructura del Poder Judicial. La situación se inició cuando aproximadamente 450 exfuncionarios recibieron llamadas informales notificándoles que sus depósitos serían suspendidos temporalmente, sin aviso previo ni comunicación oficial, debido a ajustes en la gestión presupuestaria del Órgano de Administración Judicial (OAJ). Esta medida atribulada a instrucciones superiores generó preocupación, pues afectó su economía y derechos adquiridos. Luego de múltiples gestiones y presiones, las liquidaciones comenzaron a reflejarse en las cuentas bancarias de los afectados, aunque el proceso se prolongó más de lo previsto, impactando en gastos de alimentación, salud y educación de sus familias. A pesar de que el pago se completó en su totalidad durante el primer día de octubre, las afectaciones en sus finanzas evidencian fallas en la previsión y administración de fondos destinados a los derechos laborales de estos judiciales. El contexto de estos problemas se enmarca en los cambios introducidos por la reciente reforma judicial, la cual limita a los jubilados en su derecho a litigar y modifica los fideicomisos en los que se guardaban recursos para pensiones y gastos médicos, que en algunos casos, fueron entregados sin autorización al gobierno federal. La afectación a estos trabajadores, además de ser un asunto administrativo, revela posibles inconsistencias en la gestión de recursos públicos relacionados con salarios y prestaciones judiciales. Los judiciales en retiro expresaron su malestar y consideraron que la suspensión y atraso en sus pagos constituyen un severo acto de maltrato y una vulneración a sus derechos. La situación pone
Sábado, 9 de mayo de 2026
