Expertos advierten sobre las implicaciones de la propuesta y la posible afectación a la autonomía del INE y la representación política La reforma electoral en México avanza en un contexto de controversia y debate profundo sobre sus posibles consecuencias. El gobierno federal anunció la creación de una comisión presidencial, liderada por Pablo Gómez Álvarez, con el objetivo de diseñar una iniciativa que, en sus palabras, "ponga en el centro la democracia y el pueblo". Sin embargo, esta medida ha levantado alarmas en diversos sectores políticos y académicos, quienes argumentan que podría tener efectos adversos sobre la institucionalidad electoral del país. Desde el inicio, la elección de Pablo Gómez como cabeza de la comisión ha sido motivo de controversia. Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, recordó que Gómez fue uno de los principales autores de la iniciativa de 2022, rechazada por el Congreso, cuando aún dirigía la Unidad de Inteligencia Financiera. En esa propuesta se contemplaban reducciones en el número de consejeros, eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales, así como cambios en el financiamiento y en la estructura del organismo electoral. Tales propuestas generaron rechazo por su posible impacto en la autonomía y la representación democrática. Un aspecto clave de la discusión es que la reforma parece ser planteada desde el propio Ejecutivo, una situación que no se había presentado desde 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Lorenzo Córdova alertó que una reforma impulsada por el gobierno tiende a priorizar los intereses del partido en el poder, en este caso, Morena y la administración de Andrés Manuel López Obrador. La creación de la comisión, anunciada en el Diario Oficial de la Federación, incluye a funcionarios como Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Ernestina Godoy, consejera jurídica; Lázaro Cárdenas
