San Luis Potosí. - La familia de Lizbeth Castro Dávalos, quien falleció en un accidente vehicular, ha denunciado presuntas irregularidades en las investigaciones y peritajes relacionados con su muerte. El incidente ocurrió el 2 de agosto de 2026 en la carretera Villa Juárez-Cerritos, y los familiares solicitan claridad sobre la actuación de las autoridades involucradas.
Datos clave
- Cuándo: 2 de agosto de 2026
- Dónde: Carretera libre Villa Juárez-Cerritos, San Luis Potosí
- Quien: Lizbeth Castro Dávalos
- Imputado: Raúl “N”, hijo de funcionarios públicos
El accidente se registró cuando la camioneta Toyota Tacoma, en la que viajaban Lizbeth y otros jóvenes, perdió el control sobre el pavimento mojado. Lizbeth salió proyectada del vehículo y, lamentablemente, perdió la vida. Mientras que otros pasajeros sufrieron lesiones, el padre de la víctima sostiene que el joven Raúl “N” manejaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Estas afirmaciones son objeto de la actual investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).
¿Qué irregularidades se han denunciado?
Los familiares han cuestionado el trabajo de los peritos y la actuación inicial de las autoridades. Según se reportó, en los primeros respondientes no se asentó el nombre del conductor, un hecho que los familiares ven como esencial para establecer responsabilidades. También critican que el joven no quedó bajo custodia tras el accidente, lo que impidió la realización de pruebas de alcohol en un momento crucial.
Otro punto de controversia es la atención médica recibida por Lizbeth. Se denunció que el tiempo que pasó antes de su valoración y su traslado a un hospital podría haber afectado su estado. Las quejas de la familia se centran en que las autoridades debieron garantizar un proceso más riguroso, considerando la gravísima situación.
¿Cuál es la posición de la Fiscalía de SLP?
La fiscal general, María Manuela García Cázares, indicó que la Fiscalía solo tuvo conocimiento del hecho tras recibir un Informe Policial Homologado (IPH). Este documento llevó a la apertura de una carpeta de investigación donde queda oficializado que Raúl “N” es imputado. Sin embargo, esto no implica una declaración de culpabilidad. La entidad deberá revisar todos los elementos del caso, desde testimonios hasta registros médicos.
Familiares y amigos de la víctima han realizado protestas en busca de justicia. Exigen que se aclare el protocolo de atención y que se garantice la imparcialidad en la investigación, sobre todo debido al parentesco del imputado con funcionarios públicos locales. La presión constante por parte de la comunidad ha puesto de relieve las tensiones en el caso y la urgencia de una respuesta adecuada por parte de las autoridades.
Con información de infobae.com