Ciudad de México. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo su nueva integración, ha pospuesto la resolución de casos fundamentales que pondrán a prueba su independencia frente al gobierno federal. Temas cruciales como la prisión preventiva oficiosa, el bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la participación del Ejército en la operación de aerolíneas, quedaron pendientes en el inicio del primer periodo de sesiones de 2026. La denominada Nueva Corte, liderada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, enfrenta el desafío de determinar si servirá como un auténtico contrapeso al poder o si validará las directrices del partido en el gobierno. Uno de los asuntos más resonantes es la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa, una estrategia impulsada por el gobierno de Morena para combatir la impunidad, a pesar de las reservas expresadas por la administración anterior. En 2024, se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo extorsión, contrabando y fraudes fiscales. Este precepto constitucional obliga a los acusados de tales delitos a enfrentar su proceso en prisión. Otro tema de gran calado es la facultad de la UIF para congelar cuentas bancarias sin orden judicial. Un proyecto de la ministra Lenia Batres busca avalar esta prerrogativa, clave en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. También se aplazó la decisión sobre si el Ejército puede operar aerolíneas y administrar aeropuertos, así como modificaciones a la Ley Minera. Adicionalmente, se pospuso la resolución sobre si la falta de consulta previa a personas con discapacidad invalida leyes, una propuesta que generó protestas y derivó en una consulta pública. La discusión sobre el interés legítimo de asociaciones civiles para promover amparos y el doble cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a empresas maquiladoras por importa
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