La presidenta de México explicó que, aunque los cierres de vías son considerados delitos, no se continuará con investigaciones ni sanciones contra quienes participan en movilizaciones por motivos sociales y económicos. En una reciente conferencia, la titular de la Secretaría de Gobernación explicó que, aunque el cierre de carreteras constituye un acto delictivo, no se implementarán acciones penales contra los manifestantes que participan en movilizaciones en defensa de sus derechos. La funcionaria señaló que estos bloqueos, que en ocasiones han tenido antecedentes legales, no son perseguidos en la actualidad, pues la administración busca garantizar el derecho a la protesta social. Por otro lado, la mandataria aclaró que algunas de las movilizaciones recientes tienen motivaciones adicionales, como resistencia a cambios en la Ley General de Aguas, ante lo cual el gobierno ha promovido medidas para impulsar el uso racional del agua y reducir el desperdicio en el campo agrícola. La inversión en tecnificación de sistemas de riego busca disminuir la extracción de recursos hídricos sin afectar la productividad agrícola nacional. Para contextualizar, la controversia sobre el uso del agua y los derechos de manifestación es un tema vigente en México, donde el equilibrio entre el orden público y el derecho a la protesta social continúa siendo un desafío importante. La postura oficial refleja una intención de respetar las protestas legítimas mientras se mantiene el control sobre acciones que puedan representar obstáculos al tránsito y actividades esenciales del país.
Temas: