La reciente entrega del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, a las autoridades estadounidenses, podría marcar un punto de quiebre en la estrategia del gobierno de Rubén Rocha Moya para proteger su administración. Mérida se presentó voluntariamente a las autoridades en Arizona, después de ser señalado por el Departamento de Justicia de EE.UU. por sus vínculos con el crimen organizado.
Fuentes militares han confirmado que su entrega ocurrió después de que Mérida solicitó un amparo en México para evitar su captura. Este hecho ha revelado fallas en la gestión del gobierno mexicano, que en su afán por blindar al gobernador, dejó expuesto a un funcionario clave. La reacción del gobierno federal no parece haber sido efectiva, y la situación se complica aún más tras un ataque a la residencia de Rocha Moya en Culiacán.
Este exfuncionario se convierte en el segundo alto mando en entregarse a EE.UU. tras ser acusado de delitos relacionados con el narcotráfico, después del caso del fiscal de Nayarit, Édgar Veytia. En su momento, Veytia se convirtió en testigo cooperante y su testimonio fue determinante en otras investigaciones. Mérida, quien asumió su cargo en septiembre de 2023, es visto como una figura clave en la red de protección institucional del crimen organizado en el estado.
La investigación sugiere que Mérida recibió sobornos a cambio de alertar a los "chapitos" sobre las acciones de las autoridades, evidenciando complicidades que podrían llevar a cuestionar a sus superiores. Aunque ya no estaba formalmente bajo el mando de la Defensa, tenía vínculos que dificultan la comprensión del nivel de involucramiento a nivel gubernamental.
Mérida fue trasladado a Nueva York, donde enfrentará las acusaciones en su contra, en una audiencia que plantea incertidumbres tanto para su futuro como para el gobierno de Sinaloa, cuyo liderazgo se encuentra bajo creciente presión.
Con información de lapoliticaonline.com